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💬 Esta versión ha sido actualizada. Puedes consultar una nueva redacción que integra dos aportes clave surgidos en el debate posterior: (1) la prioridad para jóvenes en situación de especial vulnerabilidad dentro de los CRAE al cumplir la mayoría de edad, y (2) la propuesta de voto delegado como vía experimental de participación política para jóvenes migrantes sin papeles. La versión revisada está disponible aqui: Transiciones justas hacia la ciudadanía para jóvenes migrantes en situación de vulnerabilidad

➤ Durante la fase de devolución del grupo encargado de co-diseñar propuestas tras el visionado de las escenas en el teatro legislativo, surgió de forma insistente una preocupación concreta: la falta de continuidad institucional para adolescentes migrantes tutelados por el sistema de protección. Uno de los puntos más señalados fue el riesgo real de quedar en situación de calle y fuera de circuitos de formación reglada al cumplir los 18 años, especialmente cuando la documentación no está en regla.

Esta observación, reforzada por los testimonios dramatizados en escena y por experiencias personales compartidas durante el debate, lleva la necesidad de integrar una línea específica dentro de la propuesta: priorizar, dentro de los Centros Residenciales de Acción Educativa (CRAE*), a aquellos y aquellas jóvenes que se acercan a la mayoría de edad y presentan mayor vulnerabilidad, garantizando su paso a programas de formación e inserción sin interrupciones por motivos administrativos. Esta medida no sólo responde a un vacío crítico del sistema actual, sino que plantea una solución estructural con enfoque de derechos, anticipándose al abandono institucional de quienes han sido protegidos como menores.

Propuesta adicional el punto 5. Derechos civiles y participación política: explorar modelos de participación política sin regularización, como el voto delegado.
Inspirado por modelos en discusión en países como Alemania o iniciativas municipales en España, se propone abrir una línea de trabajo experimental que permita a personas sin derecho a voto participar indirectamente mediante:

  • Sistemas de voto delegado: una persona sin derecho a sufragio podría designar a otra (ciudadano/a con plenos derechos) para expresar una posición común en procesos participativos locales (consultas ciudadanas, presupuestos participativos, consejos de juventud, etc.).

  • Acciones propuestas:

    • Diseñar pilotos en colaboración con consejos municipales de juventud o participación ciudadana.

    • Crear un marco legal o normativo flexible para experiencias piloto en municipios que lo permitan.

    • Promover foros mixtos donde jóvenes con y sin papeles deliberen conjuntamente sobre propuestas de ciudad.

    • Formar redes de “pares políticos” entre migrantes y ciudadanía local para compartir experiencias y demandas comunes.

    • Desarrollar materiales pedagógicos y campañas públicas para visibilizar el derecho a imaginar otra forma de ciudadanía desde abajo.

Este enfoque no pretende sustituir la lucha por la regularización y el acceso pleno a derechos, sino ampliar el repertorio democrático desde una lógica de justicia social y reconocimiento político. Como se expresó en el escenario del teatro legislativo, la demanda no es sólo ser protegidos como vulnerables, sino reconocidos como sujetos políticos activos.

*Dispositivos de protección de menores gestionados por la administración pública (en Catalunya, por la DGAIA – Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència). En estos centros viven niños, niñas y adolescentes que han sido separados de sus familias por situaciones de riesgo o desprotección.

Acompañamiento institucional y laboral a jóvenes migrantes en situación de vulnerabilidad

Identificación del problema

Jóvenes migrantes mayores de edad, especialmente aquellos sin documentación regularizada o en situación de calle, enfrentan un sistema burocrático altamente fragmentado y poco accesible. Las formaciones disponibles no están adaptadas ni a sus intereses ni a sus realidades lingüísticas o culturales, y el acompañamiento institucional es mínimo o inexistente. La falta de referentes migrantes en posiciones institucionales agrava esta desconexión, generando dependencia de redes informales, riesgo de exclusión prolongada y mayor exposición a mafias o explotación.

Soluciones propuestas

  1. Formalización de una red de primera acogida basada en la experiencia migrante
    Crear una red pública de referentes migrantes que actúe como primer contacto para personas recién llegadas, inspirada en prácticas ya desarrolladas en organizaciones informales. Esta red puede operar desde espacios neutros como bibliotecas, centros cívicos o puntos de información, y estaría integrada por personas con experiencia migratoria previamente formadas como educadores sociales o mediadores/as comunitarios.

  2. Reforma en los criterios de acceso a programas de vivienda e inserción
    Priorizar a personas jóvenes mayores de 18 años en situación de calle o precariedad habitacional en los programas de acogida y formación, especialmente cuando se detecte riesgo para la salud mental o vulnerabilidad ante redes de explotación.

  3. Adaptación flexible de las formaciones públicas existentes

    • Introducir programas formativos iniciales que no requieran dominio del idioma, acompañados de formación lingüística en paralelo.

    • Diseñar contenidos formativos basados en los intereses y habilidades previas de las personas, incluso si no cuentan con documentación acreditativa de su experiencia o formación previa.

    • Fomentar acuerdos con cooperativas y empresas para implementar formaciones que garanticen continuidad y oportunidades laborales reales, incluyendo prácticas remuneradas.

  4. Reconocimiento y acreditación flexible de competencias
    Implementar un sistema de microcredenciales y certificación de habilidades basado en la experiencia real previa (formal o informal), incluyendo competencias desarrolladas en países de origen.

  5. Derechos civiles y participación política
    Incluir en la agenda pública la propuesta de regularización por arraigo como mecanismo para que estas personas puedan ejercer derechos políticos como el voto o la participación en procesos democráticos locales.

Áreas y entidades responsables

  • Dirección General de Migraciones (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)

  • Ayuntamientos y oficinas locales de acogida e inclusión social

  • Departamentos de Juventud y de Derechos Sociales (Gobiernos autonómicos)

  • DGAIA (en Catalunya) y servicios equivalentes en otras comunidades autónomas

  • Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL)

  • Ministerio de Trabajo y Economía Social – Dirección General de Trabajo Autónomo, Economía Social y RSE

  • Cooperativas y redes de empresas sociales vinculadas a programas de empleo

Acciones concretas

  • Diseñar e implementar un proyecto piloto municipal en ciudades como Barcelona, Madrid o Valencia que formalice la figura de referente migrante institucional.

  • Crear una línea de subvenciones para empresas que adapten programas formativos a colectivos migrantes, con compromiso de inserción posterior.

  • Reformar los criterios de acceso a programas de vivienda juvenil para no excluir automáticamente a personas sin estabilidad documental o sin domicilio fijo.

  • Desarrollar un convenio interinstitucional que facilite el reconocimiento exprés de competencias a través de microcredenciales con validez en toda la UE.

  • Diseñar campañas de información multilingües y presenciales en espacios de paso (como bibliotecas, ferias, estaciones) sobre derechos y recursos accesibles.

Esta política nace de las historias de jóvenes como Awa, Mamadou y Yassir (nombres ficticios), cuyas trayectorias muestran las carencias de un sistema que ignora su voz, sus intereses y sus saberes. La figura de Fátima, que aparece en escena como técnica institucional con experiencia migrante, es una inspiración directa: demuestra que es posible institucionalizar la empatía. Esta propuesta busca multiplicar esa figura y conectar los sueños de estos jóvenes con un sistema que los reconozca como ciudadanos en proceso, no como sujetos a regular.

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