Transiciones justas hacia la ciudadanía para jóvenes migrantes en situación de vulnerabilidad
Identificación del problema
Jóvenes migrantes mayores de edad, especialmente aquellos en situación administrativa irregular, sin red familiar o en situación de calle, enfrentan un sistema fragmentado, con circuitos formativos y residenciales que no conversan entre sí. Las ofertas de inserción no se adaptan a sus trayectorias vitales, ni reconocen saberes previos ni procesos de arraigo reales. Al cumplir 18 años, muchos/as jóvenes protegidos/as por el sistema de infancia (CRAE*) son expulsados/as de los dispositivos sin una transición garantizada hacia la autonomía. Esta desconexión institucional los deja fuera del sistema justo cuando más lo necesitan, vulnerabilizándolos aún más. A esta situación se suma una falta crítica de referentes institucionales con experiencia migratoria que faciliten el tránsito y la comprensión del sistema.
Durante las sesiones de Teatro Legislativo, este fue uno de los elementos centrales señalados por el grupo encargado de diseñar políticas: la sensación de abandono tras cumplir los 18 años, la ausencia de referentes migrantes en posiciones institucionales y la necesidad de políticas que no traten a estos jóvenes como “sujetos a regularizar”, sino como ciudadanos en construcción activa.
Soluciones propuestas
1. Red pública de acogida y acompañamiento con referentes migrantes
Crear una red pública de primeros contactos, integrada por personas migrantes con experiencia en acompañamiento, mediación comunitaria o trabajo social.
Esta red actuaría desde espacios neutros (bibliotecas, centros cívicos, etc.) y estaría reconocida institucionalmente.
El modelo se inspira en prácticas ya existentes en organizaciones comunitarias y en experiencias como las de bibliotecas públicas en Colombia como centros de acceso cívico.
2. Reforma en los criterios de acceso a programas de vivienda y formación
Priorizar en los programas de inserción residencial y formativa a personas mayores de 18 años sin red familiar ni documentación, especialmente si han pasado por recursos como los CRAE.
Evitar la exclusión automática por razones documentales: permitir el acceso a programas a quienes puedan acreditar arraigo a través de empadronamiento, participación en redes o referencias comunitarias.
✳️ Medida específica: Priorizar, dentro de los Centros Residenciales de Acción Educativa (CRAE), a aquellos/as jóvenes que se acercan a la mayoría de edad y presentan mayor vulnerabilidad, garantizando su transición a programas de formación e inserción laboral sin interrupciones por motivos administrativos. Esta medida plantea una solución estructural, anticipándose al abandono institucional de quienes han sido protegidos como menores.
3. Adaptación de la oferta formativa pública
Introducir formaciones iniciales sin requisito lingüístico, con acompañamiento en el idioma en paralelo.
Diseñar itinerarios formativos adaptados a los intereses, experiencias y contextos vitales de las personas, sin exigir acreditaciones formales.
Facilitar acuerdos con cooperativas y empresas para garantizar prácticas remuneradas y vínculos laborales sostenidos.
4. Reconocimiento de competencias y microcredenciales
Promover sistemas flexibles de acreditación mediante microcredenciales o certificados de experiencia basados en habilidades previas (incluso informales o desarrolladas en otros países).
Crear un convenio interinstitucional con validez en toda la UE para facilitar este reconocimiento exprés.
5. Derechos civiles y participación política
Más allá de la regularización documental, urge garantizar una ciudadanía política en construcción. Se propone explorar modelos de participación sin regularización plena, reconociendo el derecho de los/as jóvenes a intervenir en los procesos que afectan sus vidas.
✳️ Línea experimental: voto delegado
Inspirado en debates europeos (como el caso de Alemania) y experiencias municipales en España, se propone:
Permitir que personas sin derecho a voto puedan delegar su voto en una persona de confianza con ciudadanía plena, en procesos como presupuestos participativos o consejos juveniles.
Acciones propuestas:
Diseñar pilotos en colaboración con consejos municipales de juventud o participación ciudadana.
Establecer marcos normativos flexibles para permitir estas experiencias en municipios receptivos.
Promover foros mixtos donde jóvenes con y sin papeles deliberen y propongan políticas públicas conjuntamente.
Crear redes de “pares políticos” que compartan conocimientos y demandas comunes.
Desarrollar materiales pedagógicos para imaginar nuevas formas de ciudadanía democrática desde abajo.
Áreas y entidades responsables
Dirección General de Migraciones (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)
Direcciones Generales de Juventud y Derechos Sociales de comunidades autónomas
DGAIA (en Catalunya) y servicios de protección de menores equivalentes
Ayuntamientos y oficinas locales de inclusión
Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL)
Ministerio de Trabajo y Economía Social
Cooperativas, empresas sociales y redes de formación laboral
Acciones específicas
Diseñar un proyecto piloto municipal (Barcelona, Madrid o Valencia) con figura reconocida de referente migrante institucional.
Modificar los criterios de acceso a vivienda y formación, integrando excepciones documentales para mayores de 18 años en situación de calle o salida de CRAE.
Crear una línea de subvención pública para empresas que adapten programas de formación e inserción con cláusulas sociales.
Implementar un sistema de microcredenciales, con validez estatal y europea, para personas sin títulos formales.
Lanzar una prueba piloto de voto delegado, incluyendo campañas educativas y alianzas con instituciones participativas locales.
Esta política nace de la experiencia de Awa, Mamadou y Yassir (nombres ficticios de los participantes en la sesión), jóvenes que, tras años de lucha en el sistema de protección, se enfrentan a un muro administrativo justo al cumplir los 18 años. Esta propuesta no solo busca reparar un fallo del sistema, sino transformar la lógica de acceso a la ciudadanía desde el reconocimiento, la empatía y la participación compartida.
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